Mostrando una unidad ausente para lo importante y para lo urgente de la agenda legislativa, los insaciables congresistas se prescribieron un bono 14 y un aguinaldo calculados sobre todos los ingresos que perciben, no sobre su salario base, como manda la ley.
Antitécnico, cínico, contraproducente. Faltan adjetivos para tachar lo hecho por esa gente pésima, para denunciar al Legislativo degenerado. Así que escoja los expletivos que mejor desahoguen su frustración. Pero, una vez satisfecho, reconozca la urgencia de hacer algo más efectivo para erradicar tanta insolencia.
Abundan hoy los grupos y las organizaciones civiles —como la Fundesa, el Movimiento Semilla, el MCN, #JusticiaYa o Somos— que desde todo el espectro político llevan y traen argumentos para reformar la justicia. Proponen y se señalan mutuamente. Hasta ponen zancadillas. A ver quién es más persuasivo, más astuto, mejor jugador de las redes sociales. Pero el negocio está en otra parte: en un Congreso que no responde al interés ciudadano, que no concreta la voluntad mayoritaria ni protege el derecho de la minoría. Aquí no cuenta hacer justicia o fomentar la inversión o el empleo, garantizar la salud y la nutrición o la educación para todos. Aquí cuenta solo el interés de quienes nos consta que son delincuentes. ¡Hasta están encausados! Aquí solo cuenta garantizar otra ronda de latrocinio y abuso, de impunidad para los caciques grandes y pequeños que depredan a un pueblo maltrecho.
Por un lado hay gente como yo, urgida de poner a circular ideas en columnas de opinión, en blogs, en la prensa y en redes sociales, impaciente por que la razón construya una sociedad y un Estado mejores. Pero por el otro están los diputados (analfabetos funcionales o intelectuales del crimen —da igual cuánto talento tengan—) a quienes los argumentos los tienen sin cuidado. A diario conspiran en comisiones y en corredores. Cierran negocios y solo entonces montan la pantomima en el hemiciclo para engaño del palco y de la opinión pública.
Así que entendamos: no es por aquí la cosa. Se equivocó la embajada de los Estados Unidos al rehuir la movilización y apostar —como siempre con este país— solo por la institucionalidad convencional (¡elecciones, elecciones, elecciones!) y por la élite empresarial. Se equivocó la gente en la plaza al quedarse en fiesta y batucada. Se equivocaron en el Cacif con su apocado temor a la ruidosa diversidad de indígenas, feministas, gays y oenegés. Nos equivocamos quienes tarde entendimos la sabiduría de los promotores del «en estas condiciones no queremos elecciones».
Aquí lo urgente es acceder de forma directa y efectiva al poder del Legislativo para controlarlo y cambiarlo. Esto es prioridad, no solo para la gente de buena voluntad en la élite económica, para la gente de buena voluntad en la derecha o en la izquierda, para la gente de buena voluntad en las universidades y en las organizaciones indígenas. Es prioridad para toda la gente de buena voluntad.
Por eso, y como interés común, lo urgente es asegurar que al Congreso acceda en breve y de forma efectiva el mayor número posible de personas íntegras y de buena intención, sin ataduras mafiosas ni agendas tramposas. Esto significa, primero, que los actores que tanto opinan, denuncian, señalan y se indignan entren al ruedo político y electoral, así sean hijos de la élite, estudiantes universitarios, intelectuales por profesión o inclinación, líderes campesinos o activistas indígenas. Y tendrá que hacerse sin primero cambiar la Ley Electoral.
Segundo, significa que encontremos causa común, que hagamos frente común, apoyándonos entre todos para asegurar ese resultado. Así implique que un empresario financie a una líder indígena, que los indígenas hagan upas a un landivariano o que los jóvenes hartos por la mafiosa AEU se alíen con gente progresista en la Fundesa. Porque no necesitamos estar de acuerdo en todo, ni siquiera en la mayoría, sino solo en una cosa: en meter mucha gente decente al Congreso. Luego habrá tiempo para tirarse los platos a la cabeza dentro de un proceso legislativo legítimo.
Finalmente, significa renunciar a las buenas maneras como disculpa para seguir igual. Porque, si lo que toma son elecciones al Legislativo, enhorabuena. Pero, si lo necesario es alboroto frente al Congreso, pues ni modo: toca. Y si exige precipitar una crisis constitucional e institucional, también. Porque una lección quedó clara del 2015 para acá: poco sirve proteger las instituciones si son apenas nidos de las peores alimañas.
Más de este autor