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Asalto al transporte público: El subsidio para la seguridad en los buses urbanos sirvió para beneficiar a Manuel Baldizón, Luis Gómez y sus amigos
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Asalto al transporte público: El subsidio para la seguridad en los buses urbanos sirvió para beneficiar a Manuel Baldizón, Luis Gómez y sus amigos

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Los primeros Q255 millones fueron autorizados en 2008, cuando Baldizón presidía la Comisión de Finanzas del Congreso. Los siguientes Q79.8 millones por orden Colom.
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Los altos índices de violencia en los autobuses urbanos llevaron al Congreso a aprobar un presupuesto para contratar guardias privados. Pero el dinero tuvo otro fin: propiedades, cuentas personales y hasta un helicóptero. El MP y la Cicig capturaron hoy a cinco personas que consideran responsables de este desfalco.

En 2009 la tasa de homicidios en el país llegaba a los 46 muertos por cada 100 mil habitantes. Esa cifra sirvió para justificar la contratación de policías privados que debían custodiar los autobuses. Ahora la Fiscalía contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), han descubierto que el dinero estatal para contratar a los guardias, sirvió para enriquecer a unos pocos transportistas, militares dueños de empresas de seguridad privada y hasta para comprar un helicóptero que usó el excandidato Manuel Baldizón.

La trama de este robo a las arcas del Estado fue posible por la connivencia de un grupo de empresarios del transporte, dueños de empresas de seguridad privada y funcionarios de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2009.

La investigación de la Feci y la Cicig aún está en ciernes y todavía no se conoce la totalidad del dinero público que fue desviado a particulares. Sin embargo, hay datos que permiten imaginar el alcance del escamoteo. En 2009 la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) recibió Q334.8 millones de subsidio. Los primeros Q255 millones fueron autorizados a finales de 2008, cuando Baldizón presidía la Comisión de Finanzas del Congreso. Los siguientes Q79.8 millones por orden del presidente Álvaro Colom.

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Del total asignado, Q81.9 millones tenían como destino la implementación del Proyecto de Seguridad en el Transporte Público, una iniciativa que pretendía brindar seguridad a los buses urbanos. El plan era contratar 1,000 agentes que tendrían un sueldo de Q4,000 mensuales. Eso implicaba una erogación mensual de Q4 millones. Después del primer trimestre de 2009 esa cifra empezó a subir, hasta que en junio se duplicó a 2,000 agentes con un gasto de Q8 millones mensuales.

Simone Dalmasso

Todo ese dinero, asegura la Feci, fue a parar a una cuenta personal de Otto René Bernal Ovando, dueño de la empresa Protección Metropolitana S.A. (Promesa). Bernal es un teniente coronel, exintegrante de la Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar y excandidato a presidente por el partido Corazón Nueva Nación (CNN), que declinó su participación en 2015 para apoyar a Baldizón. En 2017 el partido CNN fue cancelado por el TSE por negarse a recibir una auditoria y por no solventar dudas sobre su financiamiento. Bernal, como se ve, no es un simple militar retirado.

Bernal tuvo la suerte de ser el único beneficiario del contrato de servicios de seguridad que suscribió la AEAU en 2009. En aquel año, la AEAU tenía como presidente a Rudy Maldonado y como vicepresidente a Luis Alfonso Gomez.

Simone Dalmasso

Promesa recibió múltiples contratos con el Estado, su mejor año fue 2011, en el que facturó Q103 millones por servicios de seguridad. De esos Q88 millones fueron para la AEAU.

La alianza de Maldonado, Gómez y Bernal, permitió este entramado ilegal. Bernal, además, fue el autor de un informe de inteligencia que sirvió para justificar el proyecto de seguridad en el transporte. Cuando los recursos estaban asegurados, Bernal subcontrató a 21 empresas de seguridad, incluida una de su padre, entre las que hay varias inexistentes. Ahí se diluyó el dinero. Por el momento la fiscalía ha identificado que Q15 millones fueron pagados por servicios no prestados.

La Feci ha descubierto que el gobierno de Álvaro Colom le dio a la AEAU carta libre para gastar el dinero. Y, aunque estaban sometidos a la auditoría de la Contraloría General de Cuentas, no fue difícil engañarlos.

El dinero, en lugar de servir para pagar guardias de seguridad, se usó para comprar propiedades para Gómez y un helicóptero que se usó para la campaña electoral de Baldizón.

En 2013 Plaza Pública publicó un reportaje en el que Gómez admitió la malversación de fondos.

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La desviación de fondos y el lavado de dinero

El juzgado Undécimo de instancia penal autorizó 12 órdenes de captura por los delitos de lavado de dinero, peculado, asociación ilícita, obstrucción a la justicia y estafa. También citó a una persona más para que rinda primera declaración. El caso ha sido bautizado como Seguridad y Transporte.

Los implicados son Otto René Bernal Ovando; Óscar Alejandro Rossi Archila, Mario Enrique Vargas Salazar (ambos tesoreros de la AEAU), Reina María Gómez González (hermana de Luis Gómez y encargada del manejo de las cuentas del subsidio estatal), Roberto Antonio Robles Reyes y Édgar Rolando Méndez Morales, ambos con jerarquía militar de teniente coronel que jugaron un doble rol por tener cargos administrativos en la empresa Promesa y tomar participación en la junta de licitación para la contratación del servicio de seguridad en representación de la AEAU.

Simone Dalmasso

También está acusado Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, exsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) durante el gobierno de Álvaro Colom, y propietario de dos empresas de seguridad. Además, Antonio Piché Ruíz, representante legal de la empresa Promesa. Juan Miguel Bernal Ramos, padre de Bernal Ovando. Edie Rodolfo Jiménez Mijángos, Luis Alfonso Gómez, Rudy Leonel Maldonado. Estos dos últimos prófugos desde febrero pasado, cuando la Feci y la Cicig destaparon el caso de corrupción en el Transurbano. Hasta la tarde de este jueves 13 de septiembre solo cinco habían sido detenidos.

La Feci señala que en esta trama hubo tres modalidades de sustracción de dinero. La primera modalidad funcionó así, de acuerdo con la fiscalía: la AEAU y Bernal, el encargado de subcontratar a las empresas de seguridad, requerían la erogación de fondos para empresas inexistentes. Entidades inventadas que no tenían instalaciones ni armas registradas ante la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) ni personal contratado. Una de estas es Sertron, que recibió Q7 millones y que según la fiscalía, pertenece a Carlos Quintanilla. Otra es Corporación Centroamericana de Seguridad, que pertenece al padre de Bernal y recibió Q1 millón.

Simone Dalmasso

La otra forma que utilizaron fue modificar los reportes de empresas legales que sí prestaron el servicio, pero que facturaron de más.

La Feci cita tres ejemplos: Polimaya y Protección Polimaya cobró Q631,614.89 durante 2009. La AEAU modificó los datos y elevó la cifra a Q2.7 millones. La diferencia asciende a Q2.1 millones. El dinero sobrante iba a parar a los ahora detenidos.

Guardia Industrial de Guatemala, otra empresa contratada, reportó facturas por Q868,274.90 en 2009. La AEAU modificó las cifras hasta Q2,782,647.02. La diferencia: Q1,914,372.12.

Sistemas de Seguridad, S.A., facturó Q1,717,088.47 y la AEAU junto a Bernal, cambiaron la cifra por Q3,463,958.25. El saldo para la estructura criminal fue de Q1,746,869.78.

Según la Feci, la estructura utilizó 21 empresas, varias no existían y otras no han presentado la documentación para justificar los montos que recibieron. Entre estas aparecen cuatro que en conjunto percibieron Q44.2 millones. Los nombres son: Servicios de Protección Particular SERPROP (de Quintanilla y que ha sido una de las más beneficiadas con un contrato por Q26.6 millones), Security Professional Systems S.A, (Seguridad y Sistemas), Seguridad y Protección Total S.A. (Elite) y la entidad Investigaciones y Seguridad Profesional I.S.P. Ante la falta de colaboración, la fiscalía obtuvo el permiso judicial para allanarlas y secuestrar la documentación.

La Feci sospecha que las empresas le devolvían parte del dinero falsamente facturado a Luis Gómez, el “jefe de facto” de la AEAU. Quintanilla le pagó Q725 mil, en concepto de servicios. ¿Pero qué servicios?, cuestionaba el fiscal Juan Francisco Sandoval.

El arte de esconder el dinero estuvo a cargo de Reina Gómez. Ella se hizo cargo de diluir lo robado al Estado. A través de la empresa Tecnología y Proyectos de Guatemala, de la cual es representante legal, adquirió por lo menos 10 bienes inmuebles para Luis Gómez, su hermano. Aunque aparentemente las propiedades fueron compradas legalmente, hay detalles que no quedan claros.

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¿Por qué alguien querría comprar terrenos a un precio tres veces más alto del registrado? La fiscalía señala que eso hicieron los Gómez. A través de dos cheques, emitidos en febrero y mayo de 2009, pagaron Q500,000 por tres fincas que estaban valoradas en Q150,000. Los cheques salieron de la empresa Promesa, de Bernal.

Esa misma empresa erogó el 98% de los Q14.1 millones que costó el helicóptero TG-UNO que usó Manuel Antonio Baldizón.

La Feci y la Cicig no descartan que el patrón que sirvió para 2009, también se haya utilizado para 2010 y 2011, cuando el gobierno de la UNE mantuvo la asignación presupuestaria para el subsidio a la seguridad del Transporte. Aunque todavía no vinculan en el caso a Baldizón, el fiscal Sandoval aseguró que “sí existe vinculación porque existe un uso de un bien que procede de actividades ilícitas”. A Baldizón, detenido en Estados Unidos, le esperan muchas preguntas cuando vuelva a Guatemala.

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