Municipalidad de Antigua: un POT para atraer a nuevos habitantes, pero sin cubrir las necesidades de sus pobladores
Municipalidad de Antigua: un POT para atraer a nuevos habitantes, pero sin cubrir las necesidades de sus pobladores
Las autoridades de Antigua Guatemala insisten en poner en marcha un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para el municipio, pese a la resistencia de vecinos y organizaciones comunitarias. El sentir de la población es que, mientras la comuna aspira a implementar modernos espacios comerciales y nuevos residenciales, cientos de familias que residen en las aldeas, especialmente las ubicadas al noreste del municipio, están abandonadas y no cuentan con los servicios básicos. Este contraste ha despertado una pugna entre autoridades municipales y pobladores.
La Antigua Guatemala fue declarada patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1979. Esa declaratoria, ha sido un asidero para la preservación de los valores históricos y culturales de la ciudad y de su entorno natural y, en consecuencia, la razón de que el municipio sea el punto turístico más importante del país. Sin embargo, casi 50 años después, la conservación de estos valores está en riesgo. El crecimiento desordenado provoca el deterioro general de estas condiciones, aunado a los reclamos por la falta de atención de parte de las autoridades locales en temas básicos tales como la falta de acceso al agua potable o drenajes.
El problema toma relevancia ahora que la administración municipal busca implementar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) enfocado en garantizar las condiciones para nuevas urbanizaciones y espacios comerciales destinados a atraer a nuevos pobladores, con alto poder adquisitivo. Este proyecto no entra a considerar la solución de problemas que afectan a la mayoría de aldeas que no cuentan con los servicios básicos y a las que la llegada de nuevos habitantes en el municipio solamente augura peores condiciones de vida.
El origen del conflicto
El 30 de marzo de 2023, el concejo municipal de Antigua Guatemala aprobó, frente a una decena de vecinos inconformes el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que definirá el modelo de crecimiento urbano del municipio para los próximos años. Representantes de distintas comunidades de Antigua se manifestaron en contra de este proyecto.
«San Cristobal el Bajo, dice el presidente del Consejo Comunitario de dicha aldea, Efraín Márquez, se manifestó en contra porque no se nos ha tomado en cuenta, este POT se empezó a trabajar con más profundidad en 2018 y, desde ese tiempo hasta hoy en día, nuestra comunidad no ha sabido nada de todo ese proceso».
La participación de la Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Valle de Panchoy (Adepanchoy), que aglutina a los grandes propietarios de las fincas alrededor de la Antigua e inversionistas inmobiliarios, en la elaboración del POT es uno de los aspectos que despierta preocupación y desconfianza en los vecinos. Sumado a eso, explica, la falta de información y de inclusión a líderes locales y vecinos también ha sido motivo de molestia y ha dejado fuera del proceso a las aldeas más olvidadas.
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«En ningún momento fuimos consultados o incluídos, tanto alcaldías auxiliares como COCODES anteriores no nos informaron y reconozco que hemos tenido que informarnos en este tema para entender el proyecto y también entender cuál es nuestra postura, cuál es son los beneficios y riesgos que vienen para nuestra comunidad», explica Márquez.
El POT fue un proyecto que empezó en 2017, durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Asencio (quien enfrentó varios señalamientos de corrupción), y que fue elaborado a petición de la municipalidad, con recursos del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), por la empresa española IDOM, especializada en prestar servicios de consultoría, ingeniería y arquitectura. Sin embargo, el POT no fue aprobado una vez finalizado. Según vecinos y especialistas en el tema, consultados por Plaza Pública, la explicación es que no resultó el documento que inversionistas y autoridades locales deseaban: «un instrumento en beneficio de sus intereses personales y no un Plan de Ordenamiento Territorial de beneficio para una comunidad entera».
El documento quedó en impasse y fue retomado en la gestión de Víctor Hugo del Pozo, electo en 2019. La instrucción fue modificar el POT realizado por IDOM y darle a Adepanchoy la potestad de revisar y alterar el documento, según su criterio. Según la municipalidad, durante la elaboración del POT se realizaron una serie de talleres participativos con vecinos. En total, 127. Sin embargo, la mayoría de ellos fueron organizados en la primera etapa, cuando el proyecto estaba a cargo de IDOM y no en la segunda fase, cuando fue aprobado sin la participación adecuada de los vecinos.
En septiembre de 2021, representantes de COCODES y asociaciones de vecinos acreditados ante el Consejo Municipal de Desarrollo solicitaron al alcalde Del Pozo detener los trámites y aprobaciones de proyectos urbanísticos hasta no tener aprobado un POT consensuado con todos los sectores de la población. Sin embargo, no fueron escuchados.
Líderes locales y vecinos han buscado cómo informarse sobre el contenido del POT en medio de la falta de información y de la poca apertura que rodea este tema. Una cosa ha quedado clara para ellos. «Beneficios directos, no tenemos porque, en primer lugar, los condominios y urbanizaciones son proyectos de infraestructura pensados no para la comunidad sino para personas de fuera, con un alto poder adquisitivo, mientras nuestra comunidad no tiene acceso a un lote o vivienda digna. Al contrario, se generará una especie de desplazamiento o arrinconamiento para nuestra comunidad porque nosotros vamos a seguir estando en las mismas circunstancias desfavorables que hasta ahora nos han acompañado», sentencia Márquez.
La premisa de Márquez se sostiene en el abandono del cual han sido objeto las comunidades y aldeas más alejadas del municipio.
En entrevista con Plaza Pública, la concejal Beatriz Vásquez quien fue electa con el partido Todos, en la planilla del actual alcalde Víctor Hugo del Pozo, fue cuestionada al respecto y aceptó que el POT aprobado no está pensado para resolver los problemas latentes de los habitantes del municipio. «Esto es independiente al POT», respondió la funcionaria. El enfoque de este plan es, más bien, pensar en las futuras urbanizaciones y en la expansión del municipio de una forma ordenada, así poder garantizar espacio para futuros vecinos de Antigua.
La ausencia de respuestas a los problemas de los habitantes del municipio
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, el municipio está integrado por la cabecera departamental, 24 aldeas, 2 barrios, 3 caseríos, 11 colonias,1 comunidad, 3 condominios, 29 fincas, 2 granjas, 5 lotificaciones, 18 residenciales y 3 urbanizaciones. Aunque es un municipio que destaca por su actividad turística, los vecinos coinciden en que distintas aldeas del noroeste están muy desatendidas en cuanto a la garantía de servicios básicos, pero también en temas como la cobertura de establecimientos educativos, lo cual genera desplazamientos cotidianos para la población infantil y joven. Esta desatención genera una brecha de desarrollo entre la población urbana y rural del municipio.
En Antigua Guatemala existen dos realidades. Una de ellas corresponde a la prominente ciudad histórica, que ha sido resguardada por su alto valor patrimonial con reconocimiento a nivel mundial y que se ha convertido en icono del turismo. Otra, la que viven las aldeas que se ubican en la periferia del municipio, que subsisten en condiciones de pobreza y cuyas necesidades todavía son una deuda pendiente de la municipalidad.
En los últimos diez años, la población de Antigua ha tenido un leve crecimiento, cuya tasa se reduce cada año. En su mayoría, se trata de población joven. Siete de cada diez personas viven en el área urbana y el resto en lo rural. Desde hace años, el municipio ha identificado comportamientos migratorios, es decir, cada vez más atrae a nuevas personas interesadas en residir ahí ya que se trata de una ciudad segura y de empuje económico debido a su gran atractivo turístico. Se ha producido un incremento en el costo de la vivienda. Casas en proyectos residenciales que se encuentran en desarrollo en el municipio alcanzan un precio desde 133 mil hasta 350 mil dólares, con cuotas mensuales por financiamiento desde 1,500 dólares.
Según el último censo, en el municipio el 74 por ciento de las familias tienen vivienda propia. Sin embargo, se reporta un fenómeno preocupante. La demanda generada por los nuevos aspirantes a vivir en Antigua o visitarla, ha provocado un incremento del precio de la vivienda lo que empuja a los propietarios antigüeños a vender o arrendar sus viviendas y desplazarse a municipios próximos como Jocotenango o Ciudad Vieja.
Otra de las preocupaciones es que, debido al crecimiento poblacional y al alto flujo de personas que visitan el municipio por su atractivo turístico, la movilidad se ha vuelto un desafío que las autoridades locales aún no han atendido. En días festivos, por ejemplo, cuando coinciden celebraciones religiosas con eventos sociales (que son muy frecuentes ya que es un destino para la celebración de bodas, por ejemplo) la ciudad se vuelve un caos con la consecuente degradación de la calidad de vida de los habitantes locales.
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Por su diseño, la red vial que da soporte a Antigua Guatemala obliga a la mayoría de las personas a nivel departamental a pasar por el municipio. Generar rutas alternativas que eviten este ingreso debería ser una prioridad, tanto para la conservación de sus valores históricos y culturales, como para la proteger la calidad de vida de los habitantes.
Antigua tiene una población de 46 mil 054 personas y según datos del Ministerio de Salud su parque automotor se incrementó desde 13.228 vehículos en el año 2011 a 19.428 vehículos en el año 2017. No hay datos oficiales más recientes al respecto.
Este crecimiento no se ha detenido y ha tenido repercusiones en la red vial que da cobertura al municipio. También ha afectado la movilidad de personas que se desenvuelven a pie y que quieren recorrer la ciudad como peatones, para disfrutar sus distintas atracciones. Este es uno de los principales problemas que afecta a la población del centro de la ciudad. Por esta razón, fue tema central de debate durante la época electoral. Algunos candidatos hablaron de la implementación de grandes parqueos en los ingresos de la ciudad para evitar la circulación de vehículos e invitar a las personas a caminar.
Según expertos consultados por Plaza Pública, al plantear un crecimiento urbanístico de gran magnitud, las autoridades no están considerando seriamente las repercusiones que nuevos residentes tendrán en un problema toral como lo es la movilidad del municipio.
El caso de Santa Ana
Uno de los proyectos urbanísticos aprobados por la municipalidad, en el marco del desarrollo de nuevas viviendas en el municipio, fue Cafetales de Santa Ana, un proyecto residencial de 40 viviendas, que abarca alrededor de cuatro manzanas, ubicado en la aldea Santa Ana, al suroriente de la ciudad colonial. El complejo fue autorizado por la municipalidad de Antigua a mediados de 2021. La licencia de construcción fue otorgada a la empresa Promotora Metropolitana S.A. Sin embargo, vecinos organizados señalan que la licencia no debió ser concedida debido a que no se cumplieron requisitos legales según la normativa correspondiente.
«La preocupación que tenemos los antigüeños es que se están aprobando proyectos urbanísticos como condominios y residenciales, así como centros comerciales, de una forma en la que, no solo se están violentando reglamentos y leyes, sino que no se ha escuchado las preocupaciones de las comunidades. Estas autorizaciones de proyectos desde la municipalidad se han hecho a espaldas de las comunidades,sin respetar la ley y sin prever que en el municipio aún tenemos problemáticas que no se resuelven», explica Virginia Ramírez Pappa, presidenta del COCODE de Santa Ana.
El proyecto de Santa Ana ha solicitado la aprobación de una licencia de cambio de uso de suelo y de urbanización desde 2013. Sin embargo, fue hasta la administración actual que se otorgó la licencia, pese a que aún no habían sido cumplidos ciertos requisitos. Según un análisis realizado por el COCODE, el proyecto omitió varios requisitos tales como un estudio de impacto vial, no cuenta con aval del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua (CNPAG) y se calculó un aporte municipal incompleto. Es decir, el área del 15% del total que, por normativa, deben ceder los desarrolladores en beneficio de la población local.
En diciembre de 2020, los vecinos de Santa Ana emprendieron su lucha legal tras observar algunas irregularidades en el expediente del proyecto. El 26 de noviembre de 2020, la lotificación recibió la licencia para el cambio de uso de suelo, que es básicamente un permiso otorgado por el Instituto Nacional de Bosques para aprovechar la cubierta forestal de un área que propone cambiar por otra no forestal. Según los vecinos, la autorización se dio sin que el proyecto contara con los avales correspondientes.
Por esa razón, presentaron un recurso de reposición ante el Concejo Municipal. Sin embargo, este fue rechazado in limine. El asunto llegó ante la Corte de Constitucionalidad, que le dio la razón a los vecinos y ordenó al Concejo municipal conocer el recurso de reposición. Pero, contraviniendo la resolución de la CC y sin atender el recurso de reposición, a sabiendas de las preocupaciones de los pobladores de Santa Ana, en julio de 2021 la municipalidad aprobó la urbanización. De nuevo, los vecinos presentaron un recurso que también fue rechazado in limine.
«Desde enero de 2022 hemos presentado varias denuncias ante el Concejo de la Protección en contra de los desarrolladores de Cafetales de Santa Ana por haber iniciado trabajos relativos a la construcción sin tener el aval de este consejo. Con fecha 7 de febrero de 2022, el Concejo de la Protección emitió una orden de suspensión para detener los trabajos en este proyecto debido a que no contaba con el aval», explica Ramírez Pappa.
Derivado de la suspensión de los trabajos, la desarrolladora se vio obligada a realizar un estudio arqueológico en el lugar. En el área donde se pretende construir el residencial se produjeron hallazgos de restos arqueológicos y reliquias mayas. Por ello, este estudio resulta ser clave para establecer qué es permitido y qué no lo es para realizar un desarrollo habitacional en el lugar.
Actualmente, el COCODE ha presentado más de 10 acciones legales relacionadas con la aprobación del proyecto: recursos ante la municipalidad, denuncias ante el CNPAG, denuncias ante el Sistema Integral de Atención de la Salud en relación a un dictamen de salud aprobado de manera anómala. Así como denuncias ante la Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía de Delitos contra El Patrimonio y Fiscalía de Delitos contra el ambiente.
La preocupación de los vecinos aumentó al observar que al terreno seguían entrando camiones con materiales de construcción, pese a la suspensión de la obra. El criterio de ellos es que, si en el lugar se encontraron restos arqueológicos, debería considerarse un área intocable. Además del aspecto legal, las preocupaciones de los líderes locales tienen que ver con la garantía de recursos básicos para los habitantes de la aldea.
«Inicialmente yo diría que corre peligro el agua », explica Ramírez. «Este proyecto debe demostrar que cuenta con un pozo de agua de calidad para las personas que vivan ahí y eso al día de hoy no está comprobado, por lo tanto, supone un riesgo para nuestra comunidad. En el momento en que ellos no encuentren agua de calidad van a intentar conectarse a nuestra red de abastecimiento de agua».
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Además, dice, Santa Ana es una comunidad relativamente pequeña que solo cuenta con una entrada y una salida. Agregar 40 viviendas sin duda afectará la movilidad.
«Lo que exigimos es que se cumpla la ley y, si se hace de esa forma, todos salimos ganando. Actualmente el proyecto no cuenta con licencia vigente, se supone que la suspensión que el Consejo de Protección emitió en febrero de 2021 deja de tener vigencia porque ellos cumplieron con hacer un estudio de rescate arqueológico pero el Consejo no ha emitido un aval, como tal, para que ellos presenten su solicitud ante el consejo municipal. O sea que ellos deben empezar nuevamente su proceso», apunta Ramírez.
En las elecciones recientes, Ramírez Pappa participó como candidata a la alcaldía con el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Las autoridades municipales han descalificado sus señalamientos argumentando que tuvo motivaciones políticas. Hasta ahora, hay más de 30 proyectos que pretenden obtener aprobación de la Municipalidad.
No todos los antigüeños gozan de agua potable
En la aldea Vuelta Grande, ubicada a unos 40 minutos del centro urbano de Antigua Guatemala, los vecinos guardan el agua bajo llave. Esta no es una metáfora para expresar lo valioso que les resulta este recurso sino que, literalmente, las 200 personas que habitan en Vuelta Grande le pusieron un candado al tanque de agua que les sirve como suministro cada día. Toman esta medida extrema para proteger uno de los bienes más anhelados por la población.
Abimael Paz, un hombre de 56 años es originario de la costa sur pero, desde hace 17 años, es vecino antigüeño y también es uno de los cuidadores del recurso que, en las aldeas más alejadas del centro de Antigua Guatemala, se ha vuelto inalcanzable. «Allá todos están bien, las aldeas somos las que estamos más necesitadas, las que estamos olvidadas», dice Abimael, con machete en mano, mientras toma un descanso de sus labores diarias.
En la aldea Vuelta Grande, los vecinos no tienen garantizado el suministro del agua. Según datos obtenidos en el último censo poblacional del 2018, en Antigua Guatemala aún hay familias cuyo principal suministro de agua proviene de fuentes como: el agua de lluvia, un río, un manantial o nacimiento de agua, tonel o camión. La familia de Abimael es una de esas 120 familias que recurren a fuentes alternativas de agua debido a que las autoridades locales no han logrado que el recurso llegue a todos sus pobladores.
Todos los días a las 4 de la tarde, a unos cuantos metros de la casa de Abimael, los vecinos de la aldea hacen fila para recibir su cuota diaria de agua. Una vez a la semana, una cisterna dedicada a la venta comercial llega a llenar el tanque que abastece a todos las familias del lugar y, después de eso, un representante de cada familia recibe la porción que le corresponde. Al final de la jornada, el tanque se queda bajo candado. Hace algunos años, el nacimiento de agua que servía de suministro a la aldea se secó y, actualmente, las familias insisten en la necesidad de un pozo.
«Aquí nos han dejado abandonados por mucho tiempo», continúa Abimael. El agua, dice, es el principal problema que enfrentan los vecinos de Vuelta Grande. Sin embargo, los drenajes también conforman la lista de asuntos pendientes por resolver y, a criterio de los comunitarios, no hay voluntad política de parte de las autoridades locales para atender sus peticiones. En los intentos que han hecho para acercarse al despacho del alcalde, han recibido negativas y excusas que les impiden plantear directamente sus problemáticas.
Al parecer, la oportunidad de ser escuchados por las autoridades es un privilegio al que solamente han tenido acceso algunos sectores. Sin embargo, aldeas como Vuelta Grande y San Cristóbal El Bajo comparten la frustración de que sus necesidades parecen haber sido olvidadas por la alcaldía, mientras que concentran sus esfuerzos en emprender nuevos espacios de vivienda para futuros vecinos, con alto poder adquisitivo.
Efraín Márquez lo explica de esta forma: «Hemos tenido dificultad del apoyo municipal para que los Cocodes logren proyectos para beneficio de las comunidades, ha sido una lucha sentida porque pareciera que existe una intención de no atender debidamente, incluso se nos califica de entes políticos u opositores políticos cuando no es así. Lo que hacemos es aplicar una política, pero eminentemente social, no partidista». Según el líder comunitario, a San Cristóbal El Bajo el apoyo municipal llega de forma escasa, cuando lo solicitan; y a veces deben insistir para poder ser atendidos.
Por esa falta de interés en procurar el desarrollo de la aldea que cuenta con aproximadamente 300 habitantes, preocupa la implementación de un POT que se concentra en las necesidades de futuros vecinos antigüeños, cuando hay deudas pendientes con habitantes ubicados en aldeas.
Al igual que en Vuelta Grande, en San Cristóbal El Bajo no hay agua garantizada para todos. El lugar cuenta con nacimientos de agua propios y un pozo de agua que, actualmente, no está surtiendo a la comunidad. Uno de los anhelos de la comunidad es poder recibir agua constante, pues ahora enfrentan escasez de recursos. «Hay agua todos los días pero no con la misma fluidez que cuando es invierno, hay algunos a los que les cae y otros no y esto nos ha creado problemas a nivel de convivencia», explica Márquez. Es decir, su disponibilidad de agua depende de la intensidad de las lluvias. La comunidad cuenta con un pozo que no ha podido ser implementado por problemas en la distribución de agua. El pozo no se ha podido conectar al tanque debido a que aún no cuentan con el derecho de paso para hacerlo. Sin embargo, desde 2021 hasta ahora, ya han recibido dos solicitudes de parte del condominio Portal de Antigua para poder tener acceso a ese pozo.
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En las dos ocasiones, la respuesta de la población ha sido negativa. «Ni nosotros mismos gozamos de esa agua. La comunidad no aceptó, hicimos la consulta en asamblea comunitaria. Nuestra decisión no le gustó a la municipalidad», explica Márquez.
Durante el proceso de evaluación y diagnóstico realizado por la empresa IDOM, en 2017, la Municipalidad reconoció que no tiene registro detallado del funcionamiento del sistema de agua potable. Es decir, no tiene información de qué secciones de la red funcionan abastecidas directamente por pozos o por tanques de gravedad. Por medio de la Ley de Acceso a Información Pública, Plaza Pública solicitó información de las aldeas que cuentan con agua potable suministrada por la comuna y la respuesta de la entidad fue que no contaban con la información solicitada.
El citado diagnóstico del IDOM explica que en Antigua Guatemala, la cobertura de agua potable alcanza un 85 por ciento. El déficit se concentra en los crecimientos dispersos en la cabecera municipal, principalmente en la zona norte. «El sistema de distribución consta de una conexión al acueducto Xayá Pixcayá en Santa Inés del Monte Pulciano, 16 pozos mecánicos de extracción y 7 nacimientos naturales, los cuales surten directamente a pequeñas redes asociadas, así como a tanques de almacenamiento y distribución.»
No obstante, la cobertura no garantiza una buena calidad del servicio, pues en el municipio persisten ineficiencias y cortes de agua en varias aldeas y zonas de la cabecera municipal, así como agua turbia y con sedimentos. «Se considera que el problema de la cantidad puede deberse en su mayoría a la antigüedad de las redes existentes y todas las fugas asociadas a la misma, también al funcionamiento continuo de los pozos de extracción que no poseen bombas en circuito de alteración, sino bombas únicas que al no detener su funcionamiento, reducen su vida útil y constantemente se deben reparar o sustituir por nuevas, cortando el servicio durante el tiempo de compra de repuestos y su sustitución», se lee en el citado diagnóstico.
En cuanto al problema de la turbiedad, dice el análisis, se atribuye a que el acueducto Xayá Pixcayá el cual surte de agua a la capital del país y, en su paso por el municipio, llena el tanque de Santa Inés, en épocas de sequía transporta agua con un alto contenido de sedimentos y, a diferencia de la ciudad de Guatemala, el municipio no realiza ningún proceso de filtrado o tratamiento previo a la incorporación de esta agua sobre la red de distribución.
Según el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para el año 2023 el municipio Antigua Guatemala posee 38 proyectos en ejecución. En su mayoría, enfocados al tema de agua y saneamiento. Es decir, construcción de sistema de aguas pluviales, mejoramiento de sistema de alcantarillado, sistemas de agua potable . Sin embargo, la mayoría de los proyectos no superan el 66 por ciento de ejecución. Solamente 3 de los 38 proyectos están por encima del 67 por ciento de ejecución, y no son obras relacionadas a agua y saneamiento.
Más deudas: drenajes y manejo de desechos
Otra problemática pendiente es el sistema de drenajes, cuestión de la cual la municipalidad no proporciona información detallada. El análisis realizado por IDOM reveló algunos datos en relación a este problema.
El sistema de drenaje existente en el municipio es mixto (95% de la red capta aguas residuales y pluviales) y atiende, no sólo a la cabecera municipal, sino que los antiguos sistemas independientes de varias aldeas del área rural se han unido al mismo. Aún así, la cobertura del sistema sólo llega al 80% del municipio.
Aunque la consolidación de las redes es un avance de saneamiento, durante la temporada de invierno con el aumento de lluvias, los colectores sobrepasan su capacidad, produciendo desbordes e inundaciones, lo cual resulta en la creación de focos de riesgo y contaminación.
Sumado a eso, este sistema tiene 7 puntos de descarga directa sobre el Río Guacalate, las cuales contribuyen a su contaminación.
Carmelina Barrera, vecina de la aldea San Cristóbal El Alto, ubicada a unos 15 minutos del casco urbano, relata que es una de las residentes que cuenta con drenajes en esa zona. Sin embargo, en la medida en que la colina avanza, el acceso a estos servicios se va desvaneciendo. Los vecinos de la parte de arriba no cuentan con drenajes. Y los que sí, en la parte baja de la aldea, temen que algún día colapsen debido a que empiezan a sobrepasar su capacidad.
En total, 728 hogares en Antigua aún utilizan letrina o pozo ciego como servicio sanitario, esto representa el 7 por ciento de la población. Según datos del censo poblacional realizado en 2018, 35 hogares no tienen servicio sanitario
El manejo de residuos también figura entre las deudas por saldar.
El municipio cuenta con un basurero municipal controlado denominado «El Choconal» ubicado en Santa Lucía Milpas Altas y suma, aproximadamente, 14 botaderos a cielo abierto. En el municipio funciona un tren de aseo, autorizado por la municipalidad. También funcionan servicios privados de recolección de basura a particulares (2 veces por sector, por semana) que, posteriormente, trasladan los desechos hasta El Choconal, donde se realiza separación y reciclaje.
Debido a que el servicio de recolección a particulares es privado y tiene un costo de casi Q50 mensuales, un gran porcentaje de la población no lo contrata y deposita sus desechos en botaderos no autorizados, a cielo abierto. En el último censo poblacional, 543 de los 11 mil 131 hogares de Antigua reportaron que queman la basura, 180 la entierran, 32 hogares la tiran en cualquier lugar, un río o una quebrada.
Se estima que El Choconal recibe entre 50 y 70 toneladas de desechos sólidos diariamente. La capacidad de El Choconal ya está en su límite y la municipalidad, actualmente, está tramitando los permisos para la construcción de un Relleno Sanitario en la Finca Florencia ubicada más al noreste, también en el municipio de Santa Lucía Milpas Altas, según consta en el análisis realizado por IDOM.
El deterioro ambiental y los recursos naturales comprometidos
Más allá del valor histórico que la ciudad de Antigua Guatemala y el municipio en general representan para sus vecinos y para Guatemala, a los locales les preocupa otro patrimonio que también, consideran, está en riesgo con el desarrollo de nuevos proyectos: los recursos naturales. Especialmente, la cobertura boscosa y el agua.
La mayor parte de área boscosa en La Antigua Guatemala, se encuentra en: El Hato, los astilleros de San Mateo, San Pedro Las Huertas, San Juan del Obispo y San Cristóbal El Bajo. Estos son lugares en los que, en los últimos años, se ha evidenciado el desarrollo de construcciones y proyectos comerciales como hoteles, restaurantes y áreas de entretenimiento familiar. Según información de la Municipalidad, solo de 2020 a la fecha, se han aprobado 18 licencias de cambio de uso de suelo. Siete de ellas fueron otorgadas para la realización de proyectos urbanísticos.
Para los vecinos antigüeños, reducir la cantidad de cobertura forestal en el lugar representa un riesgo alto que también puede repercutir en el acceso de las familias al agua. En Antigua Guatemala, la gestión del recurso hídrico está directamente vinculada a la conservación de la masa forestal del municipio. Sumado a eso, los derrumbes, hundimientos y deslizamientos ocurren en zonas con alta inclinación en donde los suelos son susceptibles a la erosión. La deforestación ha dejado sin cobertura vegetal a estos suelos que poseen una estructura arenosa, que los convierte en erosionables incluso por el viento.
Según un informe realizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (Iarna), en los últimos años, la cobertura boscosa de Guatemala se ha reducido de forma alarmante y considerable. Sacatepéquez es uno de los departamentos que más evidencia la acelerada deforestación.
«Un desarrollo sostenible significa armonizar los bienes naturales que tenemos para poder desarrollarnos y no comprometer la vida de las futuras generaciones. Al crecer de forma desordenada y sin respetar los criterios técnicos estamos comprometiendo nuestros recursos», explica Laura Rojas, ambientalista y vecina del municipio. Rojas ha dado seguimiento a áreas boscosas en las que se sigue deforestando para el desarrollo de lugares de atracción turística.
Esto, explica, representa un riesgo para las comunidades aledañas.
«No se pueden desarrollar proyectos en cualquier parte, ya existen criterios para el cuidado de bosques, fuentes de abastecimiento de agua, y el cuidado del cinturón verde», aclara. Por ejemplo, el 24 de septiembre de 2022 se registró un deslave en la aldea Vuelta Grande, vinculado a uno de estos proyectos de construcción. Alrededor de 22 personas estuvieron en riesgo ese día, relata.
Para Rojas, la preocupación de las comunidades y los vecinos se resume en que se están comprometiendo recursos vitales a costa del desarrollo de nuevos proyectos, con el argumento de priorizar el desarrollo. Sin embargo, este desarrollo no alcanza a las aldeas con más necesidades.
«¿Cómo vamos a estar desarrollando proyectos urbanísticos, residenciales, comerciales si el agua que tenemos hoy no es suficiente para abastecer las necesidades básicas de la población? Estamos comprometiendo los recursos de las comunidades para llevarnos a centros comerciales, por ejemplo. En aldeas como Vuelta Grande hay familias que no tienen agua ni drenaje. No podemos sacrificar la vida de la gente para el desarrollo económico de la gente que ni siquiera es de Antigua sino que viene de fuera para proyectos comerciales», añade.
Para San Cristóbal El Bajo, por ejemplo, cualquier alteración a la cobertura boscosa puede representar ausencia de recurso hídrico e incluso de lluvias, así como inestabilidad en el suelo sobre el cual residen las familias, por tratarse de un lugar con inclinación.
San Cristóbal está dividido en dos partes: una zona plana y un cerro. En la parte baja están garantizados casi todos los servicios y el nivel de vida es mejor, en comparación con el que tienen las familias que viven en la parte alta. «En la parte del cerro, estamos mal. No tenemos infraestructura seria y hemos estado tratando de darle estabilidad a los terrenos. El año pasado tuvimos derrumbes», dice Márquez.
San Cristobal El Bajo es una aldea en la que el abandono salta a la vista. Se encuentra a unos 15 minutos de la ciudad de Antigua. Sin embargo, se requieren más de 20 minutos más para subir a pie hacia las viviendas que se ubican en la parte de arriba. Los vecinos explican que, mientras más arriba viven las familias, menos gozan de servicios. Desde 2008, en la aldea han insistido en la construcción de muros perimetrales para evitar que las personas corran el riesgo de tropezarse y caerse entre los estrechos caminos del cerro. Especialmente porque se han dado derrumbes con mucha frecuencia debido a la consistencia arenosa del suelo.
«Las autoridades piensan que, así como les va allá en la ciudad, nos va a nosotros, pero no es cierto. Somos dos mundos diferentes», cuenta Márquez, mientras camina cuesta arriba.
Lo mismo sucede con la población de San Cristóbal El Alto, quienes por años han insistido en una solución a los constantes derrumbes que se han generado en la aldea debido a la deforestación. Los vecinos se han convertido en defensores de los recursos naturales y de los cerros, ante el crecimiento urbano acelerado en estas zonas.
«¿Por qué defendemos el cerro? En primer lugar, es nuestro hogar y segundo, defendemos los cerros porque ahí están nuestros nacimientos de agua. Es el futuro de nosotros. Si no cuidamos esto, ¿qué vamos a dejar? Si no lo cuidamos, ni las demás personas ni las autoridades lo van a cuidar», dice Carmelina Barrera.
Aunque las necesidades entre una aldea y otra varían, una preocupación común entre los vecinos más olvidados de Antigua es la falta de atención a sus necesidades y el gran interés que demuestra la comuna en dar espacio a nuevas urbanizaciones, pensadas para personas de fuera, con alto poder adquisitivo.
«Para que se ejecute un proyecto, las comunidades debemos presionar mucho, insistir, estar presentes, y saber gestionar. Nosotros vamos a ellos, la municipalidad nunca va a venir a nosotros», concluye Carmelina.
El POT fue aprobado por el concejo municipal en los primeros meses de este año; sin embargo, no entró en vigencia debido a que se interpuso un amparo que retrasó su implementación. Actualmente las autoridades municipales continúan luchando por poner en marcha este proyecto, pese a las inconformidades de los vecinos, quienes esperan que el cambio de autoridades locales para 2024 le dé un nuevo enfoque a este proyecto.
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